Por: Eladio Ciprian Guerrero
La República Dominicana ha iniciado el 2026 con una paradoja dolorosa. Mientras el país exhibe indicadores de crecimiento económico envidiables, sus carreteras siguen funcionando como un sistema de drenaje de vidas y recursos. Las cifras de 2025 no son solo estadísticas; son el eco de 2,000 familias dominicanas que hoy tienen una silla vacía. Pero el problema ya no es la falta de datos, sino la alarmante lentitud de la voluntad política para aplicar las soluciones que ya están sobre la mesa.
El reciente Pacto Nacional por la Seguridad Vial 2025-2030 no puede quedarse en una fotografía de funcionarios y sectores sociales en el Palacio Nacional. Para que este 2026 marque un punto de inflexión, el Gobierno debe pasar de la planificación a la fiscalización implacable. No es falta de leyes; la Ley 63-17 es clara, pero su aplicación es, hasta ahora, selectiva y tímida.
El momento es ahora; la designación de nuevas autoridades y la reestructuración del tren gubernamental en este inicio de año ofrecen una ventana de oportunidad. Sin embargo, la seguridad vial no se resuelve solo con decretos, sino con presupuesto real para la DIGESETT (garantizando patrullaje 24/7) y con la implementación de alcoholímetros en cada esquina de nuestras zonas de ocio.
La pregunta para nuestras autoridades en este 2026 ya no es «¿qué vamos a hacer?», sino «¿cuándo vamos a empezar a hacer cumplir la ley sin excepciones?«. La paciencia de la sociedad dominicana se ha agotado al mismo ritmo que las vidas en las calles y carreteras.
